Las cuentas provisionales con las que Cataluña cerró 2012 están siendo examinadas con lupa por la Intervención General del Estado mientras en el Gobierno se extiende la sospecha de que la Generalitat ha jugado sucio, engordando artificialmente el déficit, precisamente para presentar como un imposible el ajuste que esta comunidad debe encarar durante este ejercicio para cumplir con los requisitos a los que está obligada tras su acceso al Fondo de Liquidez.
El enjuague contable se ha tenido que producir el pasado diciembre ya que, según informó el ministro Cristóbal Montoro el miércoles en el Congreso, hasta el mes de noviembre todos los cálculos cuadraban y colocaban a Cataluña en la senda correcta para cumplir los objetivos de déficit en términos muy parecidos a los del resto de las comunidades autónomas.
La evolución presupuestaria refleja que a 30 de noviembre pasado, Cataluña arrastraba un déficit de 2.337 millones de euros, el 1,1% de su PIB, pues éste suma en total 196.522 millones de euros. El miércoles, la administración autonómica cifró el déficital cierre de 2012 en el 2,3% del PIB, es decir en un desfase de 4.520 millones. Con una simple operación de resta se concluye que solo en el mes de diciembre, Cataluña alimentó su déficit en 2.183 millones, la diferencia entre el 2,3% del PIB anunciado al cierre del ejercicio y el 1,1% con el que acabó a 30 de noviembre.
Solo en el mes de diciembre, la Generalitat engordó el déficit en 2.183 millones de euros, una operación que deberá aclarar ante Hacienda
Según los datos del Gobierno, este desfase contrasta con los ingresos extra de la administración catalana por importe superior a los 1.000 millones, consecuencia, en parte, de la privatización de la concesión de la compañía que explota los túneles del Vallvidrera y del Cadí, operaciones pensadas por la Generalitat para conseguir ingresos y reducir el déficit mediante la venta de inmuebles y la privatización de empresas públicas. En este capítulo se encuadra también la fallida privatización de Aguas del Ter, recurrida ante los tribunales desde las propias instancias de la Generalitat después de haberse embolsado 300 millones de euros procedentes de Acciona.
La liquidación publicada por la Generalitat para justificar su desfase presupuestario culpa al Estado de una desviación de 1.511 millones, entre otras razones por no haber respetado las inversiones comprometidas con Cataluña a través de la disposición tercera del Estatuto. Ello supondría un desfase del 0,7% del PIB. Si se resta este volumen de recursos de los 2.183 millones en que se disparó el déficit de diciembre, se demuestra que hay 672 millones de déficit artificial o, al menos, sin justificar, que el Gobierno sospecha puede proceder, quizás, de facturas que el Gobierno de Artur Mas guardó en los cajones y afloró a finales del año pasado. Son, en total, más de tres décimas de PIB que no se justifican y que va a analizar con lupa la Intervención General del Estado, a la espera de que Cataluña enseñe sus cuentas definitivas. Montoro fue claro al respecto hace dos días en el Congreso: “Examinaremos la contabilidad de diciembre con mucha atención porque es evidente que en Cataluña han tomado una decisión de otro tipo, que es una decisión relativa a algo que tenían pendiente. Y ese algo que tenían pendiente se tiene que acabar en toda la geografía española...”.
La Intervención General del Estado examina con lupa las cuentas de Cataluña mientras el Gobierno sospecha que sigue guardando facturas en los cajones
Si se confirmara que Cataluña ha inflado conscientemente su déficit en casi 700 millones de euros para justificar que este año le es imposible hacer un ajuste de 3.144 millones, el correspondiente a una rebaja hasta el 0,7% del PIB que regirá para todas las comunidades autónomas en 2013, Hacienda se vería en la tesitura de aplicar el procedimiento que rige en el Fondo de Liquidez (FLA) para obligar a la Generalitat a cumplir con sus compromisos y, en su caso, proceder a una intervención de sus cuentas.
Para otras fuentes gubernamentales, el problema es más político que contable, pues se sospecha que Artur Mas y su equipo, con la compañía entusiasta de ERC, quieren ir a un choque de trenes con el Estado que alimente la tensión soberanista hasta la celebración del referéndum, responsabilizando al Gobierno de Mariano Rajoyde todos los males e intentando preparar, de paso, la ruta hacia la independencia.
Si el mes que viene se ratifica la liquidación presupuestaria presentada por la Generalitat de forma provisional, Cataluña debería hacer este año un ajuste de 3.144 millones
En el equipo económico se percibe preocupación por este desafío ya que está perjudicando la imagen de firmeza que España trata de transmitir a Bruselas y a los mercados en la política de estabilidad presupuestaria. Standard&Poor´s, entre otras agencias de calificación, ya ha opinado que Cataluña puede convertirse en el principal riesgo al que se enfrenta España para la salida de la crisis.
