QATARLUÑA: Firmeza y claridad de Rajoy....

Nadie que no esté cegado por el partidismo más primario podrá decir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha vuelto a dejar claramente establecida su posición política, e, incluso, personal, ante el desafío planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña; desafío al que se hace cada vez más complicado aplicar un calificativo rotundo, puesto que a medida que se suceden las declaraciones de los portavoces de CiU, crece la confusión sobre las verdaderas intenciones del presidente Artur Mas. Tal es así, cuando desde el Ejecutivo catalán se insiste en plantear el mismo imposible legal, por anticonstitucional, que nos ha llevado hasta aquí, a sabiendas de que la respuesta iba a ser la misma: que la soberanía nacional no puede ser objeto de negociación. Con la agravante para Artur Mas de que el error estratégico de la llamada «consulta participativa» ha servido para despejar una parte de la espesa niebla de propaganda extendida por el nacionalismo, que llegaba a ocultar la existencia de esa amplísima mayoría de catalanes que en nada se sienten concernidos por el proceso separatista. Así, lo que quería ser un órdago sobre la mesa acabará por volverse contra Mas mucho antes de lo esperado, puesto que el resto de los partidos soberanistas no parecen dispuestos a facilitarle más salida que la de un adelanto electoral. Tampoco nadie podrá decir que el presidente del Gobierno hubiera dejado el menor resquicio a la duda de cuál iba a ser el destino de la pretensión nacionalista. Su intervención de ayer demuestra lo que afirmamos, puesto que todos y cada uno de sus planteamientos habían sido reiteradamente expuestos, tanto en el ámbito parlamentario, como en los más diversos foros, políticos, económicos y sociales. Se podrá argüir que, pese a todo, se produjo una acción ilegal, en flagrante desobediencia al Tribunal Constitucional, sin que el Gobierno actuara para impedirlo. Pero, incluso, si fuera así, no cabe atribuir la responsabilidad al Ejecutivo, sino al incumplimiento por parte del presidente de la Generalitat de sus promesas de que no iba a incumplir la ley. Una vez el hecho consumado, la respuesta debía guardar la adecuada proporcionalidad a los hechos. Si no se iban a retirar las urnas en el caso de que la consulta fuera organizada por una entidad no gubernamental, tampoco cabía hacerlo, por puro sentido político, al arrogarse la responsabilidad el propio Ejecutivo catalán cuando ya todo estaba en marcha. Aunque, eso sí, sin perjuicio de que la Justicia deba actuar ahora para reparar el bien jurídico dañado. De cualquier forma, y para quienes afirman una supuesta falta de firmeza de Mariano Rajoy, basta con responderse a una sencilla pregunta: la de si alguien cree que este presidente del Gobierno va a autorizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña o a aceptar su secesión. Nadie, obviamente.

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