Hoy se va a aprobar por el Consejo de Ministros la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que va a revolucionar el funcionamiento de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que supondrá un antes y un después en la organización administrativa española. Más allá de que se esté o no de acuerdo con su contenido, ésta si es una reforma radical respecto a la situación anterior. Y tendrá consecuencias muy importantes para la gran mayoría de los ayuntamientos españoles. Hasta el 75% de las corporaciones locales podría quedarse sin competencias de gestión el próximo día 1 de enero.
Parece difícil de imaginar, pero la intención del Gobierno es llevar el texto a las Cortes antes del final de este período de sesiones, para que en otoño esté plenamente operativa. Este martes, Cristobal Montoro lo ha presentado a los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local. Eso sí, quedan muchas dudas por delante y siete meses para que alcaldes y concejales tomen sus propias decisiones.
Coste estándar y competencias
La clave de la revolución que preparan Montoro y Antonio Beteta, su Secretario de Estado de Administraciones Públicas, pivota en torno a un nuevo concepto, el del "coste estándar" de las competencias de los ayuntamientos. Éste es "un valor de referencia que sirve para comparar los gastos" de los diferentes municipios.
Es decir, el Gobierno va a medir cuánto le cuesta prestar los servicios obligatorios a todos los ayuntamientos de España. Con estos datos, Hacienda ajustará en función del número de habitantes y de la dispersión de la población. Con todo esto en la mano sacará una cifra: cuál es el coste estándar de un determinado servicio público para cada ayuntamiento. Por ejemplo: el ayuntamiento A tendrá 80 euros por habitante para el servicio de recogida de residuos.
A partir de este momento, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comprobará si está gastando más o menos. En el primer caso (si supera esos 80 euros), esta competencia pasará a la administración superior, comunidad autónoma o diputación, durante los siguientes cinco años.
De acuerdo a las cuentas del Gobierno, el coste medio de la prestación de los servicios municipales obligatorios es de 1.219,98 euros por habitante para los municipios de menos de 5.000 habitantes y de 445,44 euros para los de más de 100.000 habitantes. Es decir, los ayuntamientos pequeños gastan casi el triple (en términos per cápita) que los más grandes.
¿Y esto que supone en términos de coste estándar? Pues que el 92% de los 6.797 municipios de menos de 5.000 habitantes y el 40% de los que tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes están por encima de las cifras de Beteta. Esto supone que unos 6.200 ayuntamientos, de los 8.116 que hay en España (un 75% aproximadamente) podrían perder competencias a partir del próximo 1 de enero. Porque además, el Gobierno asegura que la aplicación será inmediata, puesto que las corporaciones locales ya saben desde hace meses por dónde van los tiros y deberían estar ya haciendo los deberes si no quieren quedarse sin la gestión de sus servicios.
Parece difícil de imaginar, pero la intención del Gobierno es llevar el texto a las Cortes antes del final de este período de sesiones, para que en otoño esté plenamente operativa. Este martes, Cristobal Montoro lo ha presentado a los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local. Eso sí, quedan muchas dudas por delante y siete meses para que alcaldes y concejales tomen sus propias decisiones.
Coste estándar y competencias
La clave de la revolución que preparan Montoro y Antonio Beteta, su Secretario de Estado de Administraciones Públicas, pivota en torno a un nuevo concepto, el del "coste estándar" de las competencias de los ayuntamientos. Éste es "un valor de referencia que sirve para comparar los gastos" de los diferentes municipios.
Es decir, el Gobierno va a medir cuánto le cuesta prestar los servicios obligatorios a todos los ayuntamientos de España. Con estos datos, Hacienda ajustará en función del número de habitantes y de la dispersión de la población. Con todo esto en la mano sacará una cifra: cuál es el coste estándar de un determinado servicio público para cada ayuntamiento. Por ejemplo: el ayuntamiento A tendrá 80 euros por habitante para el servicio de recogida de residuos.
A partir de este momento, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comprobará si está gastando más o menos. En el primer caso (si supera esos 80 euros), esta competencia pasará a la administración superior, comunidad autónoma o diputación, durante los siguientes cinco años.
De acuerdo a las cuentas del Gobierno, el coste medio de la prestación de los servicios municipales obligatorios es de 1.219,98 euros por habitante para los municipios de menos de 5.000 habitantes y de 445,44 euros para los de más de 100.000 habitantes. Es decir, los ayuntamientos pequeños gastan casi el triple (en términos per cápita) que los más grandes.
¿Y esto que supone en términos de coste estándar? Pues que el 92% de los 6.797 municipios de menos de 5.000 habitantes y el 40% de los que tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes están por encima de las cifras de Beteta. Esto supone que unos 6.200 ayuntamientos, de los 8.116 que hay en España (un 75% aproximadamente) podrían perder competencias a partir del próximo 1 de enero. Porque además, el Gobierno asegura que la aplicación será inmediata, puesto que las corporaciones locales ya saben desde hace meses por dónde van los tiros y deberían estar ya haciendo los deberes si no quieren quedarse sin la gestión de sus servicios.
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