La banca sana renuncia a CatalunyaCaixa porque no se cree su rescate...
CONSIDERA INSUFICIENTE SAREB Y LOS 9.000 MILLONES
La banca sana ha renunciado a la compra de CatalunyaCaixa porque cree insuficiente el rescate de las entidades en apuros, incluyendo el traspaso de los activos tóxicos a Sareb (el banco malo) y la inyección de fondos europeos: 9.000 millones para la entidad catalana y cerca de 40.000 para el conjunto de las rescatadas. El riesgo que mantienen las antiguas cajas nacionalizadas en su balance, la necesidad de capital adicional y su escasísima rentabilidad han provocado que nadie estuviera dispuesto a quedarse con la fusión de las cajas catalanas a cualquier precio si no había ayudas adicionales, algo a lo que se negó en redondo el FROB y que ha determinado el fracaso de la subasta anunciado anoche.
El problema no ha sido de precio, según fuentes conocedoras del proceso. Ni Santander, ni Popular, ni Sabadell han realizado ofertas compliance, es decir, que se adaptaran al pliego de condiciones de la venta . Todos ellos pedían algo más de lo ofrecido por el FROB: un EPA (esquema de protección de activos, garantía contra pérdidas futuras), una inyección mayor de capital público para acometer nuevos saneamientos o que se traspasaran más activos problemáticos a Sareb. Todas ellas suponían un coste que el fondo que dirige Antonio Carrascosa no ha estado dispuesto a asumir, aparte de la imposibilidad de recuperar una mínima parte del dinero inyectado.
En el caso de Catalunya Banc (la entidad a la que ha traspasado su negocio financiero CatalunyaCaixa), "existen las mismas incertidumbres y riesgos sobre su futuro que había en la CAM cuando se subastó", según una de las fuentes consultadas. Esos riesgos se solventaron entonces con un EPA de cerca de 16.000 millones. Pero ahora no ha habido esas ayudas, con el argumento de que ya estaba suficientemente saneada con el traspaso de 6.708 millones -después de los recortes de valoración- de exposición inmobiliaria a Sareb y la recapitalización por valor de 9.084 millones.
Sin embargo, las entidades participantes en la puja consideran que ni mucho menos es así. Por ejemplo, aseguran que Catalunya Banc mantiene 3.000 millones de exposición inmobiliaria, bien porque se trata de activos con un tamaño individual inferior al mínimo exigido para su traspaso a Sareb (100.000 euros en los inmuebles y 250.000 en los créditos, ambos después de los recortes), bien porque eran créditos mal clasificados. Y esa exposición "tiene una pérdida esperada altísima que tendría que asumir el comprador", según otra de las fuentes.
A eso había que añadir más pérdidas potenciales en otras carteras, especialmente de pymes, que no estén suficientemente cubiertas con las provisiones actuales, y los costes de reestructuración en que tendría que incurrir. Este coste dependía de la presencia que cada interesado tenga ya en Cataluña, pero las fuentes citadas lo evalúan en no menos de 500 millones. Además, el comprador tendría que levantar capital para integrar los activos de CatalunyaCaixa en su balance, parte de los cuales se podían obtener con el canje de preferentes y subordinada con quita al que obliga Bruselas.
Y no se trata sólo de las pérdidas potenciales de su balance, sino de la bajísima rentabilidad de su negocio. "El 80% de su activo son hipotecas minoristas con unos diferenciales muy pequeños sobre euribor y unos plazos muy largos, lo cual implica unos márgenes bajísimos que no iban a provocar mejoras significativas de la rentabilidad del comprador por mucho que aumentara su cuota de mercado", según esta fuente. La conjunción de todos estos factores es lo que ha echado para atrás a los cuatro interesados ante la ausencia de ayudas adicionales.
El problema no ha sido de precio, según fuentes conocedoras del proceso. Ni Santander, ni Popular, ni Sabadell han realizado ofertas compliance, es decir, que se adaptaran al pliego de condiciones de la venta . Todos ellos pedían algo más de lo ofrecido por el FROB: un EPA (esquema de protección de activos, garantía contra pérdidas futuras), una inyección mayor de capital público para acometer nuevos saneamientos o que se traspasaran más activos problemáticos a Sareb. Todas ellas suponían un coste que el fondo que dirige Antonio Carrascosa no ha estado dispuesto a asumir, aparte de la imposibilidad de recuperar una mínima parte del dinero inyectado.
En el caso de Catalunya Banc (la entidad a la que ha traspasado su negocio financiero CatalunyaCaixa), "existen las mismas incertidumbres y riesgos sobre su futuro que había en la CAM cuando se subastó", según una de las fuentes consultadas. Esos riesgos se solventaron entonces con un EPA de cerca de 16.000 millones. Pero ahora no ha habido esas ayudas, con el argumento de que ya estaba suficientemente saneada con el traspaso de 6.708 millones -después de los recortes de valoración- de exposición inmobiliaria a Sareb y la recapitalización por valor de 9.084 millones.
Sin embargo, las entidades participantes en la puja consideran que ni mucho menos es así. Por ejemplo, aseguran que Catalunya Banc mantiene 3.000 millones de exposición inmobiliaria, bien porque se trata de activos con un tamaño individual inferior al mínimo exigido para su traspaso a Sareb (100.000 euros en los inmuebles y 250.000 en los créditos, ambos después de los recortes), bien porque eran créditos mal clasificados. Y esa exposición "tiene una pérdida esperada altísima que tendría que asumir el comprador", según otra de las fuentes.
A eso había que añadir más pérdidas potenciales en otras carteras, especialmente de pymes, que no estén suficientemente cubiertas con las provisiones actuales, y los costes de reestructuración en que tendría que incurrir. Este coste dependía de la presencia que cada interesado tenga ya en Cataluña, pero las fuentes citadas lo evalúan en no menos de 500 millones. Además, el comprador tendría que levantar capital para integrar los activos de CatalunyaCaixa en su balance, parte de los cuales se podían obtener con el canje de preferentes y subordinada con quita al que obliga Bruselas.
Y no se trata sólo de las pérdidas potenciales de su balance, sino de la bajísima rentabilidad de su negocio. "El 80% de su activo son hipotecas minoristas con unos diferenciales muy pequeños sobre euribor y unos plazos muy largos, lo cual implica unos márgenes bajísimos que no iban a provocar mejoras significativas de la rentabilidad del comprador por mucho que aumentara su cuota de mercado", según esta fuente. La conjunción de todos estos factores es lo que ha echado para atrás a los cuatro interesados ante la ausencia de ayudas adicionales.
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