EN UNA MANIOBRA PARA 'TAPAR' DÉFICIT Zapatero disparó la deuda de las empresas públicas un 44%..

EN UNA MANIOBRA PARA 'TAPAR' DÉFICIT

Zapatero disparó la deuda de las empresas públicas un 44% en los años de crisis

Daniel Toledo  09/01/2012  (06:00h)

Diciembre de 2007. La deuda de las empresas públicas dependientes de la Administración Central se situaba en 18.080 millones de euros. Cuatro años más tarde, José Luis Rodríguez Zapatero abandonaba La Moncloa tras cuatro ejercicios de crisis devastadora y dejando a los entes dependientes de sus diferentes Ministerios con un agujero de 32.285 millones, casi un 44% más. Una tendencia negativa que no ha tenido freno ni siquiera en los años 2010 y 2011, cuando el Ejecutivo socialista ha puesto toda la carne en el asador para reducir los gastos y limitar un déficit público que en 2009 alcanzó el 11,2% del PIB.

Los expertos tienen claro cuál es el uso que los diferentes gobiernos tienden a dar a estas sociedades. “Son un mecanismo de posible indisciplina fiscal, ya que su deuda puede no contabilizarse en la metodología del protocolo de déficit excesivo”, aseguraba el Círculo de Empresarios en un reciente informe. En decir, las inversiones canalizadas a través de estas compañías no computan déficit, todo un alivio en tiempos tan exigentes. La deuda de las empresas públicas dependientes de la Administración Central alcanzó los 21.270 millones en 2008; se fue hasta los 25.360 en 2009; cerró en 29.463 millones en 2010, y superaba los 32.000 millones en el tercer trimestre de 2011, según datos del Banco de España.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, abría el pasado jueves un frente contra el entramado de entes creados al abrigo de comunidades y ayuntamientos, que supera los 4.000. De hecho, marcaba como una de las prioridades del Ejecutivo en los próximos meses la reducción del sector público empresarial. Primero, en línea con el fallido plan ya acordado hace dos años por el Gobierno socialista y las autonomías para eliminar cientos de empresas. Y también suprimiendo compañías dependientes del Estado. “Es una tarea compartida”, aseguró. El inventario de entes del sector público estatal contempla 455 sociedades, la mayoría vinculadas a los Ministerios de Fomento, Economía y Hacienda.

Y es que las cuantías globales que se manejan no son baladíes. Todo el conjunto de empresas dependientes de las administraciones territoriales acumula una deuda de 57.170 millones a mes de septiembre. A los 32.285 del Estado, deben sumarse los 15.495 de las sociedades creadas por las comunidades autónomas y 9.390 de las ligadas a los municipios. Un pellizco significativo de los más de 700.000 millones de deuda que acumulan las administraciones públicas, un 66% del PIB. Para comparar las cifras, baste recordar que el Ministerio de Fomento, departamento inversor por excelencia, dispuso en 2011 de apenas 5.000 millones de euros. El superado presupuesto inicial del Ministerio de Trabajo rozaba los 22.600.

Deuda con la banca y subida de impuestos

Como publicó este diario, las empresas alumbradas por autonomías y ayuntamientos también se han convertido en un auténtico pozo sin fondo. Por ejemplo, los entes públicos de comunidades y municipios tienen comprometidos créditos con instituciones financieras por valor de 17.114 millones, de los cuales 1.448 vencen en los próximos doce meses. El denominado Acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y locales alcanzado en marzo de 2010 recogía el compromiso de eliminación de 514 entes autonómicos de los 2.359 contabilizados. Un año después, a 1 de julio de 2011, apenas se habían suprimido 69. Todo papel mojado. El Ejecutivo tiene previsto abordar la cuestión con las comunidades en un Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el mes de enero.

El citado informe del Círculo recuerda que el nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas superó el 10% del PIB en el tercer trimestre de 2010 y alerta del impacto que tiene el desequilibrio del sector público empresarial, pese a no estar incluido en esas cifras. “Son datos alarmantes, sobre todo si se tiene en cuenta que no recogen toda la deuda existente, pues no se contabilizan como tal las cantidades adeudas a corto plazo a los proveedores, ni la deuda de las empresas públicas. Cantidades que ejercen también presión sobre la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas, obligando en algún momento bien a aumentos de impuestos, bien a nuevas emisiones de deuda”, reza el documento.

El problema afecta a todas las administraciones, sobre todo si las más endeudadas deben recibir transferencias de sus mayores. Una reflexión que toca de lleno a las Corporaciones Locales. “Se trata de una cuestión que, en último instancia, termina involucrando a las comunidades autónomas, ya que muchos ayuntamientos han prestado servicios sin el apoyo económico necesario por parte de los gobiernos regionales”, subraya la entidad que preside Claudio Boada. “En aras a la eficiencia del sector público, es imprescindible cerrar esa vía de endeudamiento, cortando el recurso descontrolado de las diferentes administraciones a la creación de empresas e instituciones públicas, cuya razón de ser (…) está sumida en un mar de opacidad”, zanja.