El Ejecutivo se niega a flexibilizar el 1,5 por ciento fijado para este año: Ocho comunidades en proceso de intervención..
RAJOY Y SUS MINISTROS SE BAJAN EL SUELDO
Montoro resiste la presión para relajar el déficit: Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias votan en contra..Están gobernadas por socialistas, nacionalistas y nacionalsocialistas..
MADRID- El Ejecutivo se niega a flexibilizar el 1,5 por ciento fijado para este año, pese a la prórroga hasta 2014 que Bruselas ha concedido a España para ponerse por debajo del 3 por ciento. Hacienda mantiene ese 1,5 por ciento para 2012 incluso después de que en la cumbre del Eurogrupo se acordara relajar en un punto, del 5,3 por ciento al 6,3 por ciento, el tope para el total de las Administraciones Públicas.
Y no sólo eso, sino que además Hacienda aprovechó la reunión del CPFF para confirmar a las comunidades el endurecimiento de las exigencias para los próximos años con respecto a las fijadas por el Gobierno socialista. Su déficit para 2013 será del 0,7 por ciento (dos décimas por encima del marcado en el Plan de Estabilidad 2012-2015 enviado a Bruselas); y en 2014, del 0,1 por ciento. El Gobierno de Rodríguez Zapatero estableció el déficit autonómico para el próximo año en el 1,1 por ciento, y en el 1 por ciento en 2014. Los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno fueron aprobados por 12 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. En contra votaron Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias. Y las dos abstenciones fueron las ya citadas: Extremadura –alegó que no conoce los ingresos– y Castilla y León.
El Ejecutivo de Rajoy justifica esta exigencia de un mayor esfuerzo de las comunidades con dos argumentos. Por un lado, en que éstas no pueden financiar un déficit mayor: de hecho, ya están teniendo serios problemas para financiarse en los mercados y hay quien lo está haciendo al nivel de países rescatados. La otra explicación es que el Estado ha realizado un notable esfuerzo para ayudarlas a «sobrevivir», que incluye desde el plan de pago a proveedores hasta la ampliación a diez años del plazo para devolver el dinero de los anticipos a cuenta que recibieron del Estado, unos 24.000 millones.
En la reunión de ayer del CPFF hubo mucha tensión, alimentada sobre todo por Cataluña y Andalucía, que se presentaron en Madrid con su propio catálogo de exigencias. La consejera andaluza de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, exigió relajar el déficit del 1,5 por ciento previsto para este año, y también que se destine el 50 por ciento de la subida del IVA a las comunidades. Mientras que las demandas catalanas fueron que se comparta el punto de margen otorgado por Bruselas; la compensación por la subida del IVA; los «hispanobonos»; y el recorte de la Administración central.
En la víspera el «jefe» de la Intervención General del Estado había presidido una «preparatoria» de esta cumbre territorial en la que ya advirtió a varios representantes autonómicos –alguno del PP– de que les daba hasta ayer por la tarde para aclarar las partidas que no cuadraban en sus ajustes presupuestarios. De no ser así, saldrían del CPFF con un tirón de orejas en forma de primer aviso oficial para poner en marcha el plan de sanciones previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que, en último término, prevé la intervención. En la lista de más problemáticas estaban Cataluña, Valencia, Andalucía..., y también Murcia y Castilla-La Mancha.
El Ministerio de Hacienda no estaba satisfecho con la ejecución por parte de algunas comunidades de sus planes presupuestarios de consolidación fiscal, de acuerdo con la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Decían, antes de la reunión de ayer tarde, que ha habido una notable falta de colaboración por parte de algunas, como, por ejemplo, Andalucía, a la que acusan de haber utilizado excusas burocráticas para negarse a facilitar los datos de sus empleados públicos. Y más allá de esa falta de transparencia y colaboración, en la Intervención General del Estado tampoco convencían las explicaciones y la evolución de otros planes presupuestarios. En el orden del día oficial no estaba la creación del mecanismo de auxilio financiero, pero sí la revisión de los planes de ajuste, así como de la ejecución del compromiso de reducir la plantilla de empresas y entes públicos. Finalmente no todas las comunidades aprobaron el examen y el ministro Montoro confirmó que se inicia el proceso sancionador que puede terminar en la intervención: de momento, las afectadas tienen siete días para probar que cumplirán con el 1,5 por ciento de déficit. Si no hay acuerdo, Hacienda elevará al Consejo de Ministros la petición de advertencia sancionadora sobre las «incumplidoras». Montoro se negó ayer a hacer oficiales sus nombres. El País Vasco ha sido citado a una reunión bilateral.
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