Sanidad pone coto al medio millón de inmigrantes que defraudan al sistema...

CADA AÑO CONSUMEN 451 MILLONES; RUMANOS, ECUATORIANOS Y MARROQUÍES LIDERAN EL RÁNKING

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato

ANA I. GRACIA

El Gobierno modificará la Ley de Extranjería para controlar el posible abuso de los casi 500.000 inmigrantes que cada año se benefician de una Sanidad Pública española sin coste alguno para sus países de origen. La ministra Ana Mato anunció ayer tras el Consejo de Ministros que el empadronamiento ya no servirá para que los inmigrantes accedan directamente a la tarjeta sanitaria. “A partir de ahora, a la hora de empadronarse se le pedirán una serie de requisitos”, apostilló. Según el informe del Tribunal de Cuentas en el que la responsable de Sanidad basó sus palabras y al que ha tenido acceso El Confidencial, solo rumanos, ecuatorianos y marroquíes 'se comen' siete de cada diez euros que Sanidad invierte en inmigrantes sin recursos: 315 millones de euros para cubrir la asistencia médica de unas 300.000 personas. (Ver cuadro global).

El erario público destina 451 millones de euros cada año para cubrir la asistencia médica a los extranjeros que alegan no tener recursos económicos suficientes. Según la exhaustiva investigación, a 15 de junio de 2010 en España residían 453.349 personas “sin recursos económicos suficientes” a las que se les reconoció el derecho a la asistencia sanitaria. Para todas aquellas personas que se cobijaran bajo este paraguas, España se comprometía a no recibir ningún recurso financiero de sus países de origen por la atención médica. El ministerio hizo la ley, y los inmigrantes hicieron la trampa.

El análisis del Tribunal de Cuentas detectó que muchos de estos inmigrantes incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país y que venían "exclusivamente a España a recibir atención sanitaria”. Uno de los problemas que plantea el acceso a las prestaciones sanitarias a través de la figura jurídica de “persona sin recursos económicos suficientes”, siempre a juicio del informe, es el riesgo de utilización de la misma por parte de personas que sí cuentan con dichos recursos económicos, bien que están “o deberían estar” aseguradas por la Seguridad Social de otros países y utilizan indebidamente esta figura para acceder a prestaciones sanitarias gratuitas en España.

El Tribunal de Cuentas recuerda que los países de origen no están interesados en cambiar la situación de “personas sin recursos económicos suficientes” residentes en España, ya que no les supone ningún coste financiero. Sin embargo, detecta un “perjuicio económico cierto y evaluable para los intereses públicos”, así como una falta de eficiencia y eficacia por parte del Sistema Nacional de salud y, en su caso, de las comunidades autónomas.

El órgano regulador detalla alguna de las irregularidades concretas que ha detectado, como el caso de 284 inmigrantes que han sido atendidos en España en virtud de una tarjeta sanitaria europea emitida por otros países y que, a su vez, tenían derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país por carecer de recursos económicos suficientes. El coste de la asistencia sanitaria prestada, según las estimaciones del Tribunal y aplicando el menor de los dos importes de cuotas globales aprobados para España, ascendió a 282.829 euros anuales.

"Evidente riesgo de uso fraudulento"

Por comunidades autónomas, Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, soporta la mitad del coste de la Sanidad de los extranjeros sin recursos en España, seguido de Castilla-La Mancha (10,5%) y Murcia, con el 8,62% de los casos. A pesar de que estas personas deberían presentar un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) para recibir las prestaciones sanitarias necesarias durante su estancia temporal “por motivos de trabajo, estudios, turismo”, nunca por más de noventa días, el Tribunal ha desvelado un “evidente riesgo de uso fraudulento” de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), por las que pueden recibir asistencia sanitaria en nuestro país hasta los dos años.

Para zanjar esta sangría voluntaria por parte de los inmigrantes, el Tribunal insta a las administraciones pertinentes a establecer un procedimiento de coordinación que permita evitar la incidencia descrita, “especialmente en la Comunidad de Madrid”, que presenta un mayor porcentaje de personas en esta situación.